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Cámara aprueba ley que exige espacios públicos seguros para mujeres y grupos vulnerables

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Con amplio respaldo, la normativa avanza para garantizar ciudades más seguras, accesibles y diseñadas con enfoque de género, edad y discapacidad.

Avance histórico en urbanismo con enfoque inclusivo

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto de ley que busca garantizar espacios públicos seguros para mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Con este respaldo mayoritario, la iniciativa culmina su tercer trámite constitucional y quedó lista para ser promulgada como ley de la República.

Un proyecto nacido desde la urgencia ciudadana

La propuesta, originada en una moción liderada por la diputada Carla Morales (RN), contó con apoyo transversal y fue suscrita por varias diputadas de diferentes sectores políticos. El texto legal establece que la Política Nacional de Espacios Públicos deberá considerar las necesidades de las personas a lo largo de todo su ciclo de vida, con atención especial a su sexo, edad o situación de discapacidad.

Según Morales, “este proyecto nace de una necesidad real: que nuestras ciudades sean seguras para las mujeres y grupos que enfrentan mayores riesgos en el espacio público. No es solo urbanismo, es garantizar el derecho a transitar sin miedo”.

¿Qué establece la nueva ley?

Prevención situacional, accesibilidad y enfoque territorial

La normativa incorpora una serie de principios que transformarán la forma en que se planifican, diseñan y gestionan los espacios urbanos:

  • Planificación territorial con perspectiva de género y ciclo vital.
  • Prevención situacional para aumentar visibilidad y disminuir factores de riesgo.
  • Eficiencia energética, cohesión territorial y sustentabilidad como ejes.
  • Accesibilidad universal y uso eficiente del suelo urbano.

Uno de los aspectos clave es la incorporación de un nuevo artículo 27 bis y un literal al artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ambos definen estándares de seguridad y accesibilidad que deberán considerar elementos vinculados a sexo, edad o discapacidad, con el fin de prevenir delitos y crear entornos seguros.

Además, la normativa permitirá que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establezca mecanismos de reporte y seguimiento periódico, para evaluar el cumplimiento de estos principios en proyectos urbanos futuros.

Visibilizar la experiencia de las mujeres en la ciudad

La diputada Ximena Ossandón (RN) fue enfática: “El diseño urbano debe dejar de ser neutro. Incorporar perspectiva de género en la planificación es una herramienta concreta para prevenir la violencia y mejorar la calidad de vida”.

Durante la tramitación, el proyecto amplió su alcance. Si bien comenzó con foco exclusivo en mujeres, la versión final incluyó también a niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, reconociendo que todos enfrentan barreras y riesgos al habitar los espacios públicos.

Apoyo transversal y testimonios parlamentarios

Una mirada desde la inclusión, la salud y la equidad

La diputada Marcia Raphael (RN) valoró el enfoque integral: “Los espacios públicos deben ser inclusivos y accesibles para todos, pero sin perder el foco en la protección de quienes hoy sufren mayores vulnerabilidades”.

Desde su experiencia profesional, la diputada María Luisa Cordero (RN) agregó: “Como médica y parlamentaria, sé que las patologías mentales también se protegen con entornos seguros. Una ciudad bien iluminada, accesible y diseñada para prevenir riesgos no solo reduce la violencia, también entrega tranquilidad y calidad de vida”.

Una ciudad segura, visible y caminable es una ciudad más justa

Finalmente, desde el Congreso se destacó que esta ley marcará un antes y un después en la forma en que se piensan y construyen las ciudades de Chile. La inclusión de criterios obligatorios de seguridad, accesibilidad y enfoque de género en la planificación urbana busca generar entornos más amigables, iluminados, visibles y seguros para todas las personas.

Porque transitar sin miedo no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas y todos.


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