Informe exige restitución de $197 millones, instruye juicio de cuentas y revela graves fallas en la gestión de Albán Mancilla
Un contundente informe final de la Contraloría General de la República dejó al descubierto una serie de irregularidades en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, que derivaron en pagos improcedentes por un total de $230.379.448 entre enero de 2019 y junio de 2024.
Diez funcionarios y exfuncionarios habrían recibido remuneraciones cuestionadas, de las cuales $197.110.840 deben ser restituidas al fisco, según la instrucción del ente fiscalizador, que además ordenó un sumario administrativo y la eventual presentación de un juicio de cuentas para recuperar los fondos públicos.
Irregularidades múltiples y falta de control
El informe se originó tras un proceso de fiscalización basado en 150 observaciones, de las cuales 117 fueron consideradas con mérito suficiente para configurar irregularidades, según consignó el diario El Llanquihue. Las anomalías incluyen pagos por servicios no acreditados, ausencias injustificadas, dobles remuneraciones, suplencias no realizadas, y falta de respaldo en contratos y horas extra.
De acuerdo al director regional de Contraloría, Carlos Ibáñez, el monto resistido asciende a más de $230 millones, y se instruyó iniciar el cobro de $197 millones como restitución obligatoria.
Gestión cuestionada de Albán Mancilla
Buena parte de las irregularidades ocurrieron durante la jefatura del exdirector del DAEM, Albán Mancilla, en cuyo periodo se habrían autorizado pagos sin respaldo, omisión de acciones legales, y falta de cobro de boletas de garantía.
El informe también alerta sobre modificaciones de contratos sin sustento legal, lo que apunta a fallas graves en el control interno y la supervisión del uso de recursos públicos.
Casos emblemáticos y sumas objetadas
Uno de los casos más destacados es el del exdirector del Liceo Andrés Bello, Richard Ruiz Hernández, a quien se le ordenó devolver $35.781.301 por pagos recibidos entre 2020 y 2022 sin acreditación correspondiente.
También figura José Arcos Ojeda, quien recibió $59.414.994 de manera irregular en 2019, 2021 y 2022, por funciones cuya ejecución no fue debidamente acreditada. En ambos casos, la Contraloría objetó la totalidad de los montos percibidos.
Otros involucrados deben restituir sumas por conceptos similares. Entre ellos:
- Freddy Loayza Muñoz: $4.978.946 por una suplencia sin asistencia comprobada.
- Paulina Villarroel Mancilla: $30.591.382 entre 2019 y 2023, por pagos irregulares.
- Otras situaciones incluyen licencias médicas que debieron ser cubiertas por Fonasa y no por el empleador.
Reacciones del Concejo Municipal
La publicación del informe generó inmediata reacción en el Concejo Municipal de Puerto Montt. La concejala Bárbara Álvarez (Partido Popular) calificó los hechos como un «despilfarro intolerable», apuntando a la contradicción entre los problemas en infraestructura escolar y el mal uso de recursos.
Por su parte, María Elena Olea (Partido Socialista) tildó el caso como «escandalosa corrupción», señalando que incluso algunos de los involucrados aún estarían en funciones.
El concejal Fernando Orellana (Democracia Cristiana) criticó la defensa jurídica del municipio, recordando que una querella anterior fue desestimada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por falta de fundamentos, lo que según él evidencia una gestión deficiente frente a casos de esta magnitud.
Acciones exigidas al municipio
La Municipalidad de Puerto Montt deberá ahora acatar el mandato de Contraloría, lo que incluye:
- Iniciar cobros administrativos a los involucrados
- Realizar sumarios internos
- Ejecutar un juicio de cuentas para la recuperación de fondos
Este caso abre un nuevo capítulo en el escrutinio público sobre la gestión del sistema educativo municipal y pone presión sobre las autoridades locales para adoptar medidas correctivas concretas.
