Clientes financian compensaciones por cortes de luz en la Región de Los Lagos, mientras distribuidoras como SAESA y CRELL se benefician de una normativa opaca.
Desde junio de 2024, más de 2,5 millones de usuarios del sistema eléctrico en el sur de Chile están pagando silenciosamente un recargo del 0,52% en su boleta mensual de luz. Esto para financiar un fondo de compensación por interrupciones del servicio, el cual —por ley— debería ser responsabilidad exclusiva de las empresas distribuidoras, como SAESA y CRELL, las principales operadoras en la Región de Los Lagos.
¿Cómo impacta esto a los hogares?
En términos prácticos, si un hogar paga $100.000 en su cuenta mensual, $520 son destinados automáticamente a este fondo, sin que el cobro esté claramente identificado en la boleta. Este mecanismo fue revelado por una investigación de CIPER Chile, la cual cuestiona su legalidad y falta de transparencia, ya que va en contra del principio de responsabilidad empresarial frente a fallas en el suministro.
Casos concretos en la Región de Los Lagos
En comunas como Puerto Montt, Osorno, Castro y Chiloé rural, donde SAESA domina, y en sectores como Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, donde opera CRELL, los usuarios han vivido cortes prolongados de electricidad, especialmente tras el temporal de agosto de 2024. Según datos del SERNAC, más de 124.000 hogares quedaron sin energía, en muchos casos por más de 6 horas, superando el máximo legal permitido para zonas rurales.
Pese a estos cortes, las empresas evitaron sanciones aplicando compensaciones automáticas… pero con recursos previamente recaudados de los mismos clientes. En la práctica, los usuarios se indemnizan a sí mismos por deficiencias en el servicio.
SAESA y CRELL: historial crítico
SAESA ha sido reiteradamente cuestionada por deficiencias estructurales, falta de inversión y tiempos de reposición que no cumplen con lo estipulado por la norma. Habitantes de zonas rurales como Alerce, Río Negro y Chonchi denuncian interrupciones frecuentes y extensas. Por su parte, CRELL no sólo enfrenta críticas por su desempeño, sino también por su vínculo con el escándalo de facturas adulteradas en el Municipio de Puerto Varas, agravando su imagen en la región.
¿Qué dicen las autoridades?
La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) minimizan el impacto del recargo, afirmando que es “marginal”. Sin embargo, reconocen que aún no se ha determinado cómo se cobrará la deuda acumulada de US$1.000 millones por el retraso en el reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), que lleva más de 42 meses pendiente.
El ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó recientemente que la normalización tarifaria no se concretará este año, manteniendo la incertidumbre sobre cuánto más deberán seguir pagando las familias del sur del país por un servicio que presenta constantes fallas.
El usuario paga por el mal servicio
La situación deja a miles de familias en una posición vulnerable: pagan de forma anticipada por compensaciones que ni siquiera han sido necesarias aún, mientras las distribuidoras continúan operando con escasa fiscalización efectiva y sin obligación de mejorar su infraestructura.
En un escenario de aumentos tarifarios y demandas crecientes por energía confiable, los consumidores del sur de Chile terminan financiando los errores y negligencias de un sistema eléctrico que parece favorecer a las empresas en lugar de proteger a sus usuarios.
